| Por: GMORivera | |
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Uno de los objetivos que el próximo gobierno federal ha anunciado como prioridad es un manejo eficiente del gasto público.
Para lograrlo, será necesario plantear un cambio profundo en la política fiscal.
Durante el sexenio 2012-2018, la deuda pública creció 10 puntos del PIB, un monto mucho mayor que el observado en los sexenios previos. A pesar de este incremento, sólo 56 centavos de cada peso son destinados hoy a la inversión pública.
De igual manera, en los últimos 6 años, se ha incrementado en más de 14 veces lo aprobado para tres programas del Ramo 23. Programas sin reglas de operación clara, ni transparencia en la ejecución de los recursos.
Esta situación se replica en casi todos los estados de la República, tal y como lo evidencia la iniciativa Data Coparmex, conforme al cual solo 13 entidades federativas tienen deudas públicas completamente sostenibles.
La forma en la que se gestionan las finanzas públicas implica la adopción de una agenda remedial en la materia, que tendrá que ser implementada por el próximo gobierno federal, so pena de experimentar una erosión aun mayor del equilibrio presupuestal.
La irresponsabilidad con la que se ha gestionado las finanzas públicas en los últimos años, en los ámbitos federal y de muchos Estados, plantea la necesidad de contar con un organismo técnicamente solvente y responsable que pueda informar y aportar elementos a las discusiones legislativas en la materia.
Es por ello que la Coparmex, ha venido planteando y ahora insiste en la imperiosa necesidad de que se constituya un Consejo Fiscal Independiente, conformado por especialistas.
El #ConsejoFiscalQueCuente debe ser un organismo con capacidad técnica, autónomo y apartidista, encargado de revisar el manejo de la política fiscal y difundir a la opinión pública, los desafíos y problemas en esta materia.
Los Consejos Fiscales existen desde hace varias décadas en países como Bélgica, Dinamarca y los Estados Unidos. A raíz de la crisis económica mundial del 2008, se evidenció los peligros de un mal manejo de los recursos públicos, estos organismos se han prácticamente triplicado.
En México contamos con un organismo que pretende cumplir con algunas de las funciones de un Consejo Fiscal; me refiero al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, que en este 2018 cumple 20 años de existencia.
Desde su creación, el CEFP ha tenido un impacto positivo en el manejo del gasto público y la calidad de la política fiscal. Es un organismo que ha aportado estudios de alta calidad técnica. La OCDE lo ha catalogado como un ejemplo para las otras naciones de Latinoamérica por ser el primer organismo del estilo en la región.
Sin embargo, contra las mejores prácticas, el CEFP no cuenta ni con autonomía, ni con independencia plena para su gestión o paa divulgar sus reportes.
Carece de un marco normativo adecuado, que lo hace vulnerable a la dinámica partidista que es propia de la Cámara de Diputados, e incluso, ha sufrido en momentos embestidas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En COPARMEX proponemos reformar el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, fusionándolo con la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República, para conformar un #ConsejoFiscalQueCuente.
En ello coincidimos con el Colectivo #Peso y con la organización México Evalúa, y sostenemos que la eficacia de este organismo depende de que se cumplan algunas características mínimas.
Primero, el Consejo Fiscal Independiente debe contar con un marco legal que le garantice que sea independiente, tal como ocurre en el 90% de los Consejos Fiscales del mundo.
Este marco le debe brindar las atribuciones de evaluar la política fiscal, incluyendo su planeación y desempeño; la elaboración o evaluación de las estimaciones macroeconómicas y presupuestarias; el monitoreo del cumplimiento de las reglas fiscales, y desde luego, el análisis de la sostenibilidad de la política fiscal.
En segundo término, se debe permitir que el consejo tenga independencia para la determinación y divulgación de sus investigaciones, a las cuales deberá dárseles máxima difusión.
Tercero, el Consejo Fiscal Independiente debe ser un organismo con plena autonomía para elaborar su programa anual de trabajo y debe contar con un blindaje en contra de cualquier intervención de naturaleza política.
Para ello, y como cuarto atributo, deberá de contar con presupuesto protegido en ley, de tal forma que no pueda ejercerse presión sobre su trabajo por la vía presupuestaria.
Finalmente, y como quinto se deberá garantizar la capacidad técnica e independencia política de su personal, especialmente del titular.
De cara a la nueva realidad política de México, en que el Poder Ejecutivo Federal contará con la afinidad política de la inmensa mayoría de ambas cámaras del Congreso, los contrapesos institucionales serán especialmente necesarios para asegurar finanzas públicas sanas y un ejercicio eficiente del gasto.
A la fecha, CEFP no cuenta con el marco legal ni con las atribuciones necesarias para ser un órgano que haga un contrapeso eficaz. Su diseño institucional debe evolucionar para dar paso a un #ConsejoFiscalQueCuente.
Durante la campaña electoral del Presidente Electo fue cuestionado en los Diálogos #ManifiestoMéxico y a través de la #PreguntaDeLaSemana, ambos ejercicios de Coparmex, sobre su postura acerca del Consejo Fiscal Independiente, y expresó su simpatía para la conformación del mismo. La misma posición sostuvo ante Coparmex, la Presidenta del Partido Morena, formación política mayoritaria en ambas Cámaras del Poder Legislativo.
Con esos antecedentes, hacemos un llamado al Presidente Electo, así como a los integrantes de la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, para que analicen a fondo las bondades de esta propuesta.
Estamos convencidos de que un #ConsejoFiscalQueCuente, sólo puede resultar en un beneficio para las finanzas públicas nacionales y, con ello, para la equidad, transparencia y eficiencia del gasto público.
Muchas gracias.
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