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Por:  GMORivera
 

 

En mayo del 2018 fuimos testigos de un gran avance para la competitividad del país con la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria.

Hasta ahora tanto la burocracia gubernamental como el marco regulatorio existente, representan grandes obstáculos para el desarrollo económico y la competitividad.

Los datos así lo confirman. Por ejemplo, el Índice de Competitividad Global 2017-2018, realizado por el Foro Económico Mundial, destaca que la ineficiencia burocrática es el tercer factor más problemático para hacer negocios en México, tan sólo detrás de la corrupción y la inseguridad.

Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de las empresas (ENCRIGE 2016) revelan a detalle el impacto de este grave problema.

El marco regulatorio no sólo implica un enorme gasto para las empresas (en total 115 mil millones de pesos en 2016), sino que también inhibe el crecimiento empresarial y representa un factor que incita a la corrupción.

Destaca la tramitología como el quinto mayor obstáculo para el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas. En cuanto a la corrupción, la ENCRIGE también señala que la principal causa por la que los empresarios incurren en actos de este tipo es con el objetivo de agilizar algún trámite.

Con la nueva Ley General de Mejora Regulatoria se busca revertir esta situación mediante la simplificación de todo el marco regulatorio, la supresión de cargas regulatorias excesivas y la creación de reglas claras que brinden certeza jurídica a los ciudadanos y a las empresas,  en los tres niveles de gobierno y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales y legalmente  autónomos.

En Coparmex reconocemos la labor que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación realizaron para hacer de esta ley una realidad. Estamos convencidos de que con este instrumento elevaremos los niveles de competitividad y productividad del país.

Sin embargo, también cabe destacar que la promulgación representa sólo un primer paso de lo que será un reto mayúsculo para el mejoramiento efectivo del marco regulatorio y su implementación.

Tras la promulgación de esta nueva ley, se debe implementar el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que junto con los Sistemas Nacionales Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización, resultará una pieza clave para impulsar la competitividad del país.

Esta tarea conlleva desafíos importantes, en tanto que durante los siguientes cinco años se deberán armonizar más de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites a lo largo del país en los tres niveles de gobierno.

Algunos de los retos más próximos son la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, así como la presentación de una Estrategia Nacional y la publicación de lineamientos de Mejora Regulatoria.

En especial, consideramos que existen dos temas de vital importancia para la adecuada puesta en marcha de la Ley General de Mejora Regulatoria: la implementación en las entidades federativas, y la permanencia en sus cargos, de la mayoría de los actuales miembros de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), antes conocida como COFEMER.

El mayor desafío a encarar durante este año es el estatal, pues según la normatividad, para mayo de 2019 cada entidad federativa deberá contar con una Ley Estatal de Mejora Regulatoria así como con un Consejo Local de Mejora Regulatoria.

El tamaño del reto yace en la disparidad del avance en esta materia sobre las entidades federativas. Según el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) elaborado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, si bien existen entidades con un gran avance en esta materia, como Morelos, que cubre el 60% de los elementos necesarios para tener una políticas de mejora regulatoria adecuada, también existen varios estados que cuentan con un rezago considerable, como Nayarit, que cumple con tan sólo el 4.8% de los elementos.

Acelerar los cambios legales necesarios para la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en cada entidad federativa es urgente, si se quiere cumplir con los plazos establecidos por la ley.

En segundo lugar, creemos que es de primordial importancia que los actuales funcionarios miembros de la CONAMER se mantengan durante toda la etapa de implementación para llevar la Ley de Mejora Regulatoria a buen puerto.

Estimamos que toda la experiencia adquirida durante este proceso por dichos servidores públicos es un activo invaluable que difícilmente puede ser sustituido por su especialidad.

Aparte de los retos ya enumerados, en  los próximos años todavía nos esperan retos muy demandantes como la instalación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y la composición del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios con todas las regulaciones federales, estatales y municipales ya incorporadas en el mismo.

Si queremos sortear todos estos desafíos, hará falta contar con gente preparada y con el conocimiento necesario en la materia, como el equipo técnico de la CONAMER, que han demostrado serlo con el trabajo que realizaron en los últimos años.

Durante más de una década los miembros de la Coparmex junto con otras organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado una ley que modifique la estructura regulatoria del país para hacerla más efectiva.

Estamos convencidos de la importancia de la Ley General de Mejora Regulatoria y de que su implementación será beneficiosa para la competitividad de la región.

En Coparmex nos comprometemos a impulsar esta política en cada entidad de la República a través de los centros empresariales, sobre todo en aquellas entidades con mayores rezagos en esta materia.

Exhortamos a los gobiernos y a las legislaturas estatales para que realicen los ajustes legales necesarios para adecuar sus marcos normativos a esta nueva Ley y así consolidar cuanto antes el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en todo el país.

De igual forma, hacemos un llamado al nuevo gobierno federal, para analizar el desempeño del personal que actualmente conforma la CONAMER, y de encontrar elementos para ello, determinar que permanezcan en su encargo para lograr la óptima implementación de la misma.

Con la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria el país obtuvo una victoria importante. Con acciones, debemos garantizar el dinamismo económico y la competitividad del país.

 

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