| Por: GMORivera | |
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02 de abril de 2020
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- No retrasar fecha límite para declaración de personas morales, fue una oportunidad perdida para el Gobierno Federal
- Sector empresarial seguirá siendo solidario con trabajadores
- ¿Qué le impide ver al presidente López Obrador lo que otros gobernantes ya percibieron?
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) no compartimos la visión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que apelando a la “solidaridad” de los contribuyentes, les solicita pagar sus impuestos en forma regular, como si los tiempos que estamos atravesando no ocurrieran en una época extraordinaria, en la que nos enfrentamos a la crisis económica y sanitaria más grave de la historia contemporánea nacional.
Pareciera ser que en el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no están conscientes que las condiciones de millones de trabajadores, profesionistas y PYMES, son estos momentos de precariedad y de subsistencia, ante la poca o nula actividad económica y consumo de la población, ya que fueron las propias autoridades federales las que declararon un “estado de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor”, que implica el cierre de negocios no esenciales y la restricción de movilidad.
En la COPARMEX coincidimos en hacer un llamado a la solidaridad de las empresas mexicanas para con sus trabajadores, generando todas las medidas preventivas posibles que garanticen su salud y, por supuesto, entendemos que nuestra principal responsabilidad, y donde más le ayudamos a México, es preservando la fuente laboral y el empleo bien remunerado.
Entendemos que la percepción del SAT y del Gobierno Federal es que todos los contribuyentes tienen ahorros suficientes que les permitirían subsistir 6 meses sin o con escasas ventas, así como seguir pagando rentas, nómina y gastos, lo que por supuesto no se ajusta a la realidad, ya que la mayoría de los mexicanos viven al día o incluso empeñado el futuro de sus empleos, profesionales, empresas o negocios.
Por supuesto que entendemos que es una obligación moral y constitucional de todos los mexicanos contribuir al gasto público, y que estas condiciones de salud exigirán mucho más de todos nosotros, pero también es responsabilidad del Gobierno Federal solidarizarse con todos los contribuyentes de México, y en especial, con los mexicanos de menores recursos y capacidad económica, los más necesitados de nuestro país.
Las y los contribuyentes también son mexicanos, que requieren la atención y solidaridad del SAT y del Gobierno Federal, quienes deben dictar medidas que alivien su carga de forma temporal. Dejamos en claro que en la COPARMEX no hemos pedido en el paquete de propuestas presentadas para la consideración del Poder Ejecutivo Federal, la eliminación o condonación de impuestos.
Lo que en el Sector Empresarial hemos venido solicitando de forma puntual y sensata, son medidas temporales razonables, como el diferimiento optativo de la declaración anual de personas físicas y morales, la eliminación o reducción temporal de pagos provisionales de ISR, o estímulos a la inversión para activar la economía, e incluso, suspender temporalmente actos de fiscalización, por razones de salud (para evitar contagios) y segundo para no aumentar la carga administrativa innecesaria en este tiempo de aislamiento.
En el Sector Empresarial padecimos de las condiciones económicas de poco crecimiento de nuestro país en el 2019, por lo que no soñamos con que dicten medidas que impliquen un costo como otros países, por ejemplo, Brasil que decidió destinar el 1.8% del PIB en medidas en favor de sus contribuyentes para enfrentar los daños económicos generados por la pandemia, o como en el caso de Chile, con acciones que implican el 4.7 % del PIB. Pero lo que sí podemos esperar es, al menos, que nuestro Gobierno Federal genere medidas y propuestas razonables de mitigación de cargas fiscales.
Hemos pasado antes por otras contingencias de salud, por lo que ya existen parámetros que han resultado exitosos en el pasado, como lo que ocurrió con el H1N1 en el año 2009. Por lo que lo razonable sería tomar como base dichas medidas de mitigación económica, o bien, las que sugiere la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) para todos sus países miembros, y que hasta el momento las autoridades federales han decidido no acatar.
Por último, en la COPARMEX nos preguntamos: ¿El Gobierno de México es solidario con sus contribuyentes y sus trabajadores? ¿Se está entendiendo cuál es la verdadera situación económica de los mexicanos y las empresas ante la evidente baja de consumo o actividad económica derivada del coronavirus COVID-19? ¿El Poder Ejecutivo Federal tiene estimados los empleos que se perderán ante la inacción y falta de medidas? ¿Qué le impide a la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador de ver lo que el resto del mundo parece tener muy claro?
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